Se ha aprobado en Cataluña un Decreto ley que regula los arrendamientos temporales y el alquiler de habitaciones, en respuesta a la necesidad urgente de aplicar medidas previstas en la Ley estatal por el derecho a la vivienda.
En Cataluña, se ha aprobado recientemente un Decreto ley que busca regular los arrendamientos temporales y el alquiler de habitaciones, abordando la urgente necesidad de aplicar las medidas establecidas en la Ley estatal por el derecho a la vivienda.
Esta norma incluye obligaciones en materia de información y un régimen sancionador para garantizar su cumplimiento.
La finalidad del alquiler es un punto clave en esta normativa, ya que se establece la obligación de que en todos los contratos de alquiler se especifique la causa o finalidad del arrendamiento.
En caso de no mencionarse, se considerará que se trata de una vivienda permanente.
En lo que respecta a la contención de rentas, se establece que no se aplicará en el alquiler de temporada, destinado a actividades de ocio, vacaciones, recreativas o culturales.
Por otro lado, sí se aplicará en el arrendamiento de vivienda para fines profesionales, laborales, de estudios, atención médica u otras necesidades similares.
Estos casos estarán sujetos al régimen de contención de rentas y demás normativas relacionadas con la renta.
En cuanto al alquiler de habitaciones, la norma establece que la suma del alquiler de las habitaciones de una vivienda no puede superar la renta máxima que se aplicaría si se alquilase como vivienda unitaria.
Además, se exigen ciertas obligaciones de publicidad, como la inclusión del precio de referencia del alquiler, la renta del último contrato vigente de los últimos cinco años y la condición de gran tenedor del propietario, si corresponde.
El régimen sancionador contempla diversas infracciones, como el alquiler de la vivienda por un precio que supere el 30% del máximo aplicable según el régimen de contención de precios, considerada como muy grave.
Por otro lado, se considera infracción grave el alquiler por un precio superior al 10% y hasta el 30%, así como no especificar la causa del arrendamiento o repercutir gastos al arrendatario.
Como medida para aumentar el parque público de alquiler, la norma otorga a la Administración el derecho preferente de compra sobre la transmisión de viviendas en zonas declaradas de mercado residencial tensado.
También se autoriza al Institut Català del Sòl a reducir del 10% al 5% el porcentaje de disponibilidad de los recursos de las fianzas para garantizar las cancelaciones y devoluciones.
Estas medidas buscan regular el mercado de arrendamientos en Cataluña y garantizar el derecho a una vivienda digna para todos los ciudadanos.