Se ha aprobado en Cataluña un proyecto de ley para la erradicación del amianto, una medida que busca proteger la salud de las personas y del medio ambiente.

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En Cataluña, se ha aprobado el Proyecto de ley para la erradicación del amianto en Cataluña, un nuevo marco jurídico que, una vez se apruebe en el Parlament, permitirá avanzar en la eliminación eficiente y segura del amianto de edificios e instalaciones.

La Ley hará posible una actuación común por parte de todas las administraciones públicas para poner fin a la presencia de amianto ya a los efectos nocivos que tiene sobre la salud de las personas, animales y el medio ambiente.

Prevé facilitar la localización de los materiales que contienen amianto, garantizar la seguridad y la salud de las personas que gestionan su retirada y de la ciudadanía en general, y asegurar una adecuada atención a las personas con problemas de salud derivados de la exposición al amianto.

El impulso de esta iniciativa legislativa no habría sido posible sin el compromiso y la implicación de las entidades cívicas y sociales, de las asociaciones vecinales, de los gobiernos locales y de los agentes sociales, y de varios departamentos de la Generalitat de Catalunya.

En Cataluña se calcula que hay cerca de 4 millones de toneladas de fibrocemento y entre unas 6 y 30.000 toneladas de proyectados y calorifugados, entre otros materiales.

En 2021 se prohibió su uso, producción y comercialización.

Una gran parte se instaló entre los años 60 ya finales de los años 80, y se considera que todos estos materiales ya han alcanzado el final de su vida útil o están cerca, y ahora conviene retirarlos.

Si bien se han llevado a cabo diversas actuaciones sectoriales para erradicarlo, nunca se ha abordado de forma transversal.


La Unión Europea recomienda su retirada en 2028 de todos los edificios públicos, y del conjunto de la Unión, en 2032.

La iniciativa de ley aprobada en Cataluña recibió el respaldo unánime de todos los partidos políticos presentes en el Parlament.

Se espera que su implementación tenga un impacto positivo en la salud de la población y en la conservación del entorno natural.

La normativa contempla la realización de estudios exhaustivos para identificar los puntos críticos donde se encuentre amianto, así como la elaboración de planes de acción con plazos definidos para su eliminación.

Además, se establecen sanciones para aquellos propietarios que no cumplan con las disposiciones de la ley.

En términos económicos, se estima que la eliminación del amianto en Cataluña requerirá una inversión de unos 30 millones de euros.

Este proyecto generará empleo en sectores relacionados con la construcción y la gestión de residuos, contribuyendo así al desarrollo económico de la región.

La ley también contempla la creación de un fondo especial para financiar las labores de retirada del amianto, garantizando así la sostenibilidad de las acciones a largo plazo.

Con la aprobación de esta ley, Cataluña se sitúa a la vanguardia en la lucha contra el amianto, demostrando su compromiso con la protección del medio ambiente y la salud de sus habitantes.

Se espera que este paso siente un precedente para otras regiones y países, impulsando medidas similares en todo el territorio europeo.