El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, se enfrenta a nuevos cargos federales por su intento de detener la certificación de la victoria electoral del presidente Joe Biden en 2020. Esta última acusación representa un golpe directo a la democracia estadounidense.

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Durante 234 años, Estados Unidos sobrevivió sin que un presidente o expresidente fuera acusado.

Sin embargo, apareció Donald J Trump, quien ahora enfrenta tantos problemas legales que incluso los observadores más atentos de la política estadounidense pueden tener dificultades para mantenerse al día.

En abril, el candidato presidencial republicano para 2024 fue acusado en un tribunal de 34 cargos relacionados con el presunto pago de dinero en silencio a la estrella porno Stormy Daniels.

En mayo, un jurado civil en Manhattan lo declaró responsable de abusar sexualmente y difamar a la escritora neoyorquina E. Jean Carroll.

Y en junio, fue acusado una vez más, esta vez por el Departamento de Justicia federal, por presunto manejo indebido de documentos clasificados.

Ahora, a solo 15 meses de las elecciones presidenciales y con Trump como el claro favorito para obtener la nominación republicana para enfrentarse al presidente Joe Biden, se le presentan un nuevo conjunto de cargos federales por su intento de detener la certificación de la victoria electoral de Biden en 2020.


De hecho, sumando otros problemas legales relacionados con su negocio y una posible acusación en Georgia por presunta interferencia electoral en ese estado, Trump enfrenta hasta seis casos judiciales civiles o penales en su contra, su familia o sus empresas, mientras hace campaña para otro mandato en la Casa Blanca.

Pero lo que hace que este último caso sea tan grave es que ataca directamente al corazón de la democracia estadounidense, y Trump se verá obligado a enfrentar los cargos en la ciudad democrática donde supuestamente ocurrió su ataque a la democracia.

Aunque el dinero en silencio y los documentos clasificados son asuntos importantes, nunca antes un expresidente de Estados Unidos ha estado involucrado en un plan multipartidista para revertir los resultados legales de una elección, lo que resultó en disturbios mortales en la capital del país.